Amnistía Internacional (AI) ha enviado una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al presidente del PP, Mariano Rajoy, para solicitarles que aprovechen la reforma de la Constitución, o se comprometan para el futuro, para incluir en la Carta Magna que el derecho a la vivienda puedan exigirse en los tribunales. En este sentido, denuncia las 271.570 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007 hasta finales de 2010.

AI señala que la Constitución debe garantizar la máxima protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin establecer distinciones ni prioridades, tal y como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y numerosos instrumentos internacionales ratificados por España.

Amnistía solicita que el derecho a la vivienda aparezca recogido en la Constitución española bajo el epígrafe de los derecho fundamental, lo que mejoraría su protección, garantías y exigibilidad, ya que la situación actual impide la posibilidad de que estos derechos se exijan directamente ante los tribunales cuando se ven vulnerados.

Este colectivo indica que en España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, derechos económicos, sociales y culturales como la vivienda no están protegidos igual que otros, aunque son derechos de igual rango que el derecho a la libertad de expresión o a un juicio justo.