El pasado 18 de febrero de 2010, la Dirección de Investigación de Competencia acordó la apertura de un expediente sancionador contra 53 empresas del sector de la construcción por posibles prácticas restrictivas de la competencia.

El importe de la sanción se espera que sea el tercero más elevado impuesto por un organismo, después del que se le impuso a las empresas eléctricas por acordar precios.

Esta investigación y posterior sanción, ponen al descubierto una práctica, que aunque todo el mercado mobiliario sospechaba, hasta el momento no se había podido probar, encareciendo el resultado final y desequilibrando la evolución natural de los precios de la vivienda.