En España, sencillamente no se aplica la norma para ahorrar energía en los edificios, o al menos las autoridades no se preocupan de que así se haga. O al menos es lo que Bruselas ha percibido.

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar correctamente la norma comunitaria que obliga a reducir de forma significativa el consumo de energía de los edificios.

La legislación española calcula el ahorro energético a los edificios nuevos y a los que sufran una renovación importante. Bruselas recuerda que debe ser a todos.

Y se nos exigió desde Europa que cumpliéramos los requisitos de la normativa en su totalidad, y como respuesta las autoridades españolas continuaron con su pasividad.

En marzo de este año, el Gobierno español aprobó un paquete de medidas para ahorrar energía en los edificios públicos.