Antes de que acabe este año, para vender o alquilar un piso será imprescindible obtener un
certificado de eficiencia energética. Este documento reflejará lo eficiente que es la vivienda en cuanto a consumo de energía.
Esta normativa se deriva de su homóloga europea, que
desde 2002 trata de fomentar la eficiencia energética. Aunque su llegada a España no es nueva, pues desde 2007 es de cumplida exigencia para promotores, la novedad es que
ahora son los particulares quienes deben obtener el certificado para sus pisos.
Cada vivienda tendrá asigadas una etiqueta parecida a la que podemos ver en los electrodomesticos, que
califica la eficiencia del inmueble en una escala de la A a la G.
Una vivienda con una calificación 'A', puede tener unas facturas energéticas del 20% al 30% menores que una con notas 'C' o 'D', lo que hará que inquilinos y compradores muestren preferencia por las viviendas mejor calificadas.
¿Qué y cómo se mide?
Una herramienta desarrollada por el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y la empresa pública Miyabi estudia la envolvente del edificio, analiza los cerramientos, los sistemas de iluminación, bombeo y generación térmica, así como de ventilación, entre otros. Mediante una simulación, se valora lo eficiente que es la vivienda en cuanto a consumo de energía.
Al obtener el certificado, se reciben una serie de recomendaciones de mejora para elevar al menos un nivel en la escala de eficiencia energética.
¿Quién lo mide?
Un técnico habilitado para la realización de proyectos de edificación o de instalaciones térmicas.
¿Cuánto cuesta y quién lo paga?
Este es el punto que más dará que hablar de aquí en adelante, puesto que es el propietario de la vivienda quién deberá pagar la obtención del certificado. Su precio final será libre y dependerá de la oferta y la demanda pero, a modo orientativo, "podría suponer unos 250€ para un piso medio de 100m2", apunta Miguel Ángel Pascual, director de la UTE Miyabi-CENER "podría suponer unos 250€ para un piso medio de 100m2", apunta Miguel Ángel Pascual, director de la UTE Miyabi-CENER.
Al ser esta una normativa de obligado cumplimiento para toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de vivienda,
su incumplimiento contempla sanciones de 1.000 a 5.000 euros.
Los problemas pueden llegar en el momento en que las viviendas que obtengan una mala calificación vean reducido su valor de mercado, o esta sea
un argumento en contra a hora de negociar el precio de venta o alquiler. Los propietarios podrían verse obligados a acometer obras de mejora para aumentar la nota energética de sus viviendas.